Un informe pormenorizado sobre los proyectos de inversión ejecutados entre los años 2020 - 2021, al igual que los planeados implementar en el 2022 entre la comunidad wayúu de la jurisdicción rural de Riohacha, solicitó la Procuraduría General de la Nación al alcalde de esta capital, José Ramiro Bermúdez Cotes.

El reporte debe centrarse en la utilización de los recursos girados con destino al Sistema General de Participaciones para la citada población indígena.

Estas peticiones del Ministerio Público se hacen en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que establece la protección de los niños, niñas y adolescentes de estos resguardos. 

También contempla que se deben garantizar los derechos fundamentales a la salud, el agua y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo wayúu en el departamento de la Guajira. 

La Procuraduría busca igualmente determinar si hay una supuesta intromisión o manipulación del Alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes en las decisiones de las comunidades indígenas relacionadas con el uso de los recursos públicos que deben concentrarse en virtud de la autonomía, gobernabilidad y libre determinación de los pueblos étnicos. 

Hace poco se conoció una denuncia de los líderes del resguardo indígena Las Delicias, en Riohacha (La Guajira), situada cerca al mar Caribe, por el derramamiento de aguas negras en los alrededores.

Los más afectados según los voceros de la comunidad son los niños que desconociendo la insalubridad del jagüey, se bañan ahí exponiéndose a enfermedades por la contaminación con aguas negras, situación que viene presentándose desde hace un año.

El alcalde aún no se ha pronunciado ni ha fijado fecha para atender la directiva de la Procuraduría General de la Nación.